Perú registra avances normativos frente a la violencia digital contra mujeres y niñas, pero persisten desafíos de prevención y protección
- Según informe de ONU Mujeres que analiza las respuestas de América Latina y el Caribe frente a la violencia facilitada por la tecnología
La violencia contra las mujeres y las niñas facilitada por tecnologías constituye una expresión contemporánea de la violencia de género que puede amplificarse mediante los entornos digitales, según el reciente informe Violencia contra las mujeres y las niñas facilitada por tecnologías: marcos normativos, respuestas estatales y desafíos en América Latina y el Caribe, publicado por ONU Mujeres, que analiza los avances y brechas existentes de los países de la región.
En el caso peruano, el estudio identifica avances normativos en distintos ámbitos. Desde 2018, el Decreto Legislativo N.° 1410 incorporó al Código Penal la difusión no consentida de material sexual y contempló el uso de tecnologías de la información y la comunicación en los delitos de acoso y acoso sexual. El Perú también cuenta con disposiciones frente al ciberacecho, la violación de la intimidad, la extorsión con material íntimo y conductas de carácter sexual contra niñas, niños y adolescentes mediante medios tecnológicos.
El informe permite, además, analizar estos avances en el contexto regional. Perú figura entre los países que han incorporado respuestas penales en las siete categorías analizadas por el estudio, desde la difusión no consentida de contenido íntimo hasta el abuso sexual en línea. Asimismo, junto con Brasil y Panamá, integra el reducido grupo de países donde se identifican disposiciones expresas frente a contenidos sexuales manipulados mediante inteligencia artificial u otros recursos tecnológicos, un ámbito cuya regulación todavía es incipiente en América Latina y el Caribe.
Sin embargo, el escenario varía entre países. Mientras México y Uruguay articulan algunas de estas conductas con marcos que reconocen expresamente la violencia digital contra las mujeres, en otros países predominan figuras penales generales o leyes de ciberdelincuencia. En materia de contenidos manipulados, Perú incorporó en 2024 imágenes, materiales audiovisuales o audios sexuales elaborados o modificados digitalmente; Brasil estableció un agravante vinculado al uso de inteligencia artificial y Panamá contempla contenidos íntimos reales, simulados o generados.
Pese a estos avances, ONU Mujeres advierte que la respuesta regional continúa concentrándose principalmente en la sanción penal y mantiene brechas en prevención, protección integral, reparación y regulación de plataformas digitales. El estudio plantea superar esta mirada predominantemente punitiva y desarrollar estrategias capaces de responder a características propias de los entornos digitales, como el anonimato, la permanencia de los contenidos, la escala y la rapidez con la que pueden amplificarse los daños.
Ante este escenario, el Consejo Consultivo de Radio y Televisión (Concortv) destaca la importancia de promover una comunicación responsable, respetuosa de los derechos y libre de estereotipos y violencia de género. Asimismo, reafirma la necesidad de fortalecer la educación mediática y el uso crítico de las tecnologías, como herramientas fundamentales para contribuir a entornos comunicacionales más seguros e inclusivos para las mujeres y las niñas.
