“Canal 7 debe ser del Estado y no del Gobierno”, por Editorial El Comercio
(Editorial El Comercio).- Las aciagas circunstancias en que se ha producido la renuncia de Carlos Manrique a la presidencia ejecutiva del Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP) revelan la patética situación de dicha entidad y reclaman una reforma integral de todo el sistema.
Efectivamente, tan preocupante como que el ex funcionario haya protagonizado un accidente confuso con una unidad vehicular del Ministerio del Interior es que uno de los motivos de la interpelación al jefe del Gabinete sea la transmisión en directo por TV Perú de una declaración de un congresista perteneciente al partido de Gobierno.
A esta sospecha de desorden administrativo y de grosera injerencia oficialista se suman polémicas decisiones sobre corte de algunos programas y otras denuncias sobre falta de cobertura de temas que debieran transmitirse por una señal llamada a ser autónoma y cultural. No hay duda de que, luego de ciertos avances en tal sentido dados por el gobierno toledista, ha habido un notable retroceso.
Hoy la oportunidad se presenta sumamente propicia para acometer el cambio y reestructurar la entidad, como reclaman la ciudadanía y prometió el segundo gobierno aprista más de una vez. Al efecto, es crucial que el Poder Ejecutivo nombre como presidente del IRTP a un profesional independiente y de reconocida trayectoria.
Pero, ello no es suficiente. Reestructurar la entidad implica también incluir en el directorio no solo a los representantes del Estado, sino también de la sociedad civil, que pueden provenir de todos los colegios profesionales y de otras entidades autónomas regionales, precisamente para asegurar la despolitización de contenidos.
La consigna básica es que el canal del Estado tiene que avanzar hacia un modelo de televisión pública que sirva a la ciudadanía y no al gobierno de turno, como parece suceder hoy. Esto, además de ineficiente y escandaloso, es injusto y se presta a maniobras corruptoras, con lo cual todos salimos perdiendo.
No se trata, entonces, de maquillar las cosas, y dejar que pase el escándalo para que todo siga igual. Todo lo contrario. Hay que mirar con sentido crítico y seguir el ejemplo de otros países, sobre todo europeos, que han tenido gran éxito con la televisión pública. Algunos de ellos no son totalmente financiados por el Estado sino con una tasa que pagan los usuarios, lo cual es solo una alternativa más, dentro del enorme abanico de posibilidades por evaluar .
Con ello lo que se consigue principalmente es escapar de la ansiedad y la tiranía del ráting publicitario para avanzar hacia un canal independiente que dé prioridad sobre todo a los contenidos formativos, culturales y enriquecedores que promuevan las tradiciones, así como descentralización, la integración y los valores nacionales.
No hay tiempo que perder para acometer la reingeniería cualitativa que transforme la televisora en un canal público y participativo, en el que confluyan todas las fuerzas vivas y actúe fuera de cualquier sospecha de clientelismo o sometimiento al partido político de turno en el poder.