“Hay poco apoyo para el grupo de trabajo”
Los recientes cambios en el Instituto de Radio y Televisión del Perú han generado nuevamente en la opinión pública un sinsabor con respecto al manejo de los medios del Estado, en la medida que se sigue apostando a cambio de personas mas no de políticas públicas de comunicación que garanticen independencia y autonomía con respecto al gobierno de turno. Ciertamente este malestar se acrecienta si hace más de seis meses se formó la comisión de radiodifusión estatal que tiene como labor elaborar la propuesta de ley, y cuya labor aun no concluye. El CONCORTV forma parte de dicha comisión y conversamos con Marisol Castañeda –presidenta del CONCORTV– para que nos diera información sobre los motivos del retraso y los avances logrados hasta el momento.
¿Cuáles son los motivos del retraso en la elaboración de la propuesta?
Se podría mencionar motivos de forma y de fondo. En las de forma se puede mencionar el poco apoyo organizativo y logístico que tiene la comisión en asesoría legal, espacios para reuniones de trabajo, garantizar que los representantes de las regiones participen, discontinuidad de la conducción. Y en esa línea la apuesta de elaborar una propuesta de ley por consenso ha impedido avanzar más porque se transita entre elaborar una ley viable o una ley deseable.
Las razones de fondo tienen que ver con enfoque distintos sobre el objeto de la ley y su regulación. Por un lado, hay quienes sostienen la necesidad de establecer un sistema de medios públicos que al igual que otros países puedan ganar en autonomía e independencia con una mayor participación de la sociedad civil. Para otros, el encargo se refiere a medios del estado, y en esa línea lo estatal no siempre incorpora lo público sino lo gubernamental.
Se avanzó en una definición que pretende integrar las dos visiones: “la Radiodifusión Estatal es un servicio público a cargo del Estado que promueve el bien común y que se articula con los intereses de la ciudadanía”, pero es indudable que es en las definiciones operativas y no las conceptuales donde se juega las rutas a definir.
¿Cuáles son los consensos y disensos que hay hasta el momento?
En esta líneas son en los principios donde se ha logrado más consenso; la necesidad de una programación de actualidad, que brinde a los ciudadanos, información relevante, imparcial, plural, veraz y objetiva, inclusión de programas de entretenimiento que, además de respetar la dignidad de las personas y promover conductas edificantes, reconocimiento de la diversidad cultural, priorizando las producciones nacionales y locales, solidaridad con la ciudadanía.
Aunque estamos de acuerdo que debe darse información sobre la gestión pública de las autoridades y diferentes poderes del Estado, algunos consideramos que esto debe ser reglamentado para no caer en un enfoque publicitario y marketero, debiendo haber incluso franjas para ello. Pero eso aún no esta totalmente discutido.
También algunos consideran que la señal del servicio de Radiodifusión Estatal, debe llegar a todo el territorio nacional desde las regiones, más aún ahora que con la TV digital se dispondrá de más frecuencias, las cuales el Estado tiene que reservarse. Pero la reserva del Estado es pensada a veces más desde el IRTP que desde las regiones o municipios.
No es la intención elaborar una ley extensa pero que si ofrezca criterios para la programación la cual debe garantizar calidad y credibilidad. En esa línea se plantea que la programación aporte a la construcción de una ciudadanía de derechos y responsabilidades, el desarrollo de producción audiovisual nacional y descentralizada, ofrecer programación innovadora y adecuada para niños y adolescentes. Pero es una preocupación constante como estos principios y criterios se ponen en práctica.
Por ello el tema de mayor debate y en que nos hemos detenido estos meses es el de la gestión del sistema de radiodifusión estatal. Incluso pensarlo como sistema sería un avance pues hoy en día los medios del estado a cargo de gobiernos locales, regionales, IRTP e incluso de organismos descentralizados no operan con los mismos enfoques, criterios, estándares de calidad y gestión. No existe una instancia que ayude a definir en ese campo políticas públicas de comunicación.
¿Qué es lo que viene luego que el grupo culmine su trabajo?
Considero que aún falta tomar decisiones sobre mecanismos concretos que garanticen autonomía e independencia sobre el financiamiento, sobre la composición de los directorios, sobre los niveles de decisión política y ejecutiva. El interés siempre va por saber que se propone para el canal 7 pero considero que también hay que pensar en el resto de medios de comunicación del Estado que a cargo de gobiernos locales y municipales –según un informe del MTC- operan ilegalmente pero satisfacen una expectativa y demanda ciudadana: la descentralización comunicativa.
La comisión presentará su propuesta de ley, la cual deberá ser aprobada por el PCM y posteriormente pasar a la comisión respectiva del Congreso de la República y de allí a su discusión en el pleno. Sabemos que esos procesos son largos y en el camino pueden haber muchos cambios. En esa línea el principal aporte, desde mi punto de vista, es colocar el tema en la discusión pública ¿Qué medios de comunicación queremos: públicos o del estado? ¿para consumidores o para ciudadanos?. Los medios, el Estado y los ciudadanos tienen la palabra.